Constituciones Desechables... / 6-XI-2019

Para resolver nuestros problemas, necesitamos una nueva Constitución.

Esto es lo que pregonan por las calles y discuten en cabildos autoconvocados con conclusión anticipada.

Linda forma que tienen los que critican a la Democracia para imponer sus torpes ideas. Se visten de lo que no son -demócratas- y nos señalan lo que debemos hacer -cambiar el sistema-, del cual tanto ellos como nosotros nos hemos beneficiado al tener un país muchos más rico, muchos más estable, mucho más Igualitario y Justo, que la mayoría de los países de Latinoamérica y de otros lugares del mundo.

Pero esto no es nada más que el antiguo modo latinoamericano de ejercer la política con el propósito de llevarnos a modelos, un poco más, un poco menos, colectivistas. América Latina es la región del planeta que ostenta el récord de haber tenido más constituciones en el mundo. Ni siquiera en África: aunque allá cuando no les gustan las cosas, destruyen el país o le cambian de nombre, pero de ese ejemplo mejor ni hablamos porque algún primate socialista con iniciativa puede ahora pretender borrarnos del mapa.

En América Latina, se han promulgado casi 200 Constituciones Políticas, lo que da un promedio mayor a 10 Constituciones por país. Esto contrasta por ejemplo con toda Europa donde el promedio es de 4 Constituciones por Estado, o particularmente con el británico americano de 1,5 Constituciones.

Los países de América Latina han tenido prácticamente,
1 Constitución Política por año, en 200 años de vida independiente.

En el top one está, por ejemplo, República Dominicana que ostenta la cifra de 32 constituciones políticas, seguida por Venezuela con 26 y Ecuador con 21. Ahora la pregunta es si alguna de ellas ha funcionado no viene al caso porque con esa cantidad de cartas constitucionales es imposible que una República se institucionaliza. Es cosa de ver los resultados.

Perú ha promulgado 12 Constituciones, mientras el Chile republicano solo 4 de ellas: la de 1833, la de 1925, la de 1980 y la de 2005, que tal como ya hemos explicado en un comentario anterior, corresponde a la Constitución Democrática firmada por el presidente Ricardo Lagos Escobar, hoy, olvidada y despreciada por los mismos partidos que hace solo 14 años, en el Palacio de La Moneda, bebían y comían en el cóctel que entre paréntesis, financió Ud., sí Ud. mismo que nos escucha,  y al cual por supuesto, ni siquiera fue invitado.

Antes de 1833 vivimos al menos dos periodos diferenciados de ensayos constitucionales y los cuales en la práctica, casi pasaron de largo, inadvertidos, salvo para algunos románticos del ensayo federal que gracias a Dios no convocó los apoyos de entonces, porque de otra forma, seríamos una pésima copia del federalismo argentino, lleno de señores feudales y robo a destajo por parte de políticos locales. De esta forma, y seriamente, no deberían considerarse como tales.

Esta tentación incontenible por redactar tantas Constituciones en América Latina, ha traído como consecuencia, grados de inestabilidad política, económica e institucional en nuestra región, lo que se ha traducido inexorablemente en pobreza, corrupción y clientelismo fomentado por partidos políticos, y en esta hemorragia constitucional, tanto las fuerzas políticas de derecha e izquierda se reparten los honores.

Caudillos de un lado y del otro han fomentado y se han beneficiado, con esta particular forma de llevarse el Estado para la casa.

Pero tal como lo señalé hace algunos años cuando el sentimiento conservador de derecha aún palpitaba en mí, el único riesgo de quiebre institucional moderno, provendrá siempre de la izquierda, por tanto, decía y aún lo pienso, las banderas de la protección de los DDHH, de la Democracia como único y mejor sistema de organización política, y principalmente, el conjunto de Libertades civiles, deben transformarse en el patrimonio de quienes defendemos las ideas de la libertad.

Y así no más ha sido.

En años recientes, ha sido la izquierda extrema la que ha liderado estos cambios constitucionales en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y esta misma izquierda populista, ahora pretende aprovechar el descontento ciudadano con el sistema político económico, para hacer lo propio en países como Perú y Chile.

Entendamos todos que solo repiten la misma fórmula. Eso pretenden hacer hoy en Chile.

Lo anterior solo sería un análisis lejano si no viéramos que en el seno del propio gobierno del presidente Piñera, se esté convalidando la idea de los Cabildos ciudadanos y de la Asamblea Constituyente, un sinsentido propio del desorden conceptual que el propio Piñera irradia a sus partidarios.

Ya dije que en lo personal nunca he votado por Piñera candidato. No podría hacerlo pues me separan cuestiones que considero demasiado relevantes. Pero no me asiste ninguna duda al momento de defenderlo, pues él es un firme partidario de la economía de mercado y principalmente, porque es el presidente que democrática y legítimamente el pueblo de Chile eligió. Además, por tremenda mayoría de votos.

No existe la Constitución de 1980...

En Chile rige la Constitución Política del año 2005 promulgada por el
presidente Ricardo Lagos Escobar y aprobada por el Congreso de la República.
Todo lo demás, es verso, narrativo o supina ignorancia.

El argumento de que la actual Constitución es ilegitima queda desacreditado con la simple revisión de los periódicos de septiembre del año 2005. Tal como ya expresamos la semana pasada, el día 17 de ese mes, el presidente Ricardo Lagos firmó y con ello entró en vigencia, la Nueva Constitución Democrática de Chile, término que é mismo utilizó, para diferenciarla completamente de la Constitución de 1980, originada bajo el régimen militar, o en Dictadura, como prefiera decirle.

Pero hoy les digo más. La evidencia empírica demuestra que el 20% de las constituciones vigentes del mundo surgieron bajo condiciones no democráticas, es decir, bajo gobiernos autoritarios, y que en todos esos casos, tal como ocurrió en Chile desde el año 1988, se le realizaron distintas reformas que finalmente terminaron en hacer desaparecer de ellas todo atisbo de ilegitimidad.

Esos son los casos de Japón, Holanda, Argentina, México, Bélgica y Noruega.

¿Alguno de Uds. cree que en esos países no hay Democracia?

¿Han visto imágenes de algún descerebrado en Noruega saqueando los supermercados solo porque está “frustrado con el modelo”? Ni en broma estos países tolerarían estos absurdos tan latinos, tan sudacas, tan propios del lumpen y la connivencia socialista.

Estados Unidos que como ya también explicamos es el único país del mundo que sólo ha tenido una Constitución Política, con todas las enmiendas que sin desnaturalizarla, les han permitido actualizarla para enfrentar los desafíos modernos, tampoco puede escapar del escrutinio sobre la legitimidad de su Carta fundamental, pues esta, fue formulada por un grupo de terratenientes no facultados para ello, o sea, se autoconvocaron, y que tampoco habían sido designados de manera democrática, quienes redactaron su Constitución en el más absoluto secreto, y que, en cierta forma, buscaban perpetuar la institución de la esclavitud.

Y ahora por favor queridos auditores, si están cerca de algún zurdo impresentable, despiértenlo para que escuche lo siguiente.

Antes del año 1981, regía en Chile la Constitución de 1925, aunque para ser más exacto, en el periodo entre 1973 y 1981 su aplicación era de carácter parcial, pues en el país regía una carta de principios y principalmente decretos leyes, tal como se hace en toda dictadura.

La Constitución de 1925 fue aprobada por el 94% de la población y por este sólo dato, aislado y sin contexto, la historia la trató siempre como la Constitución más democrática de la República.

Pero todo eso no es verdad. Seguramente los historiadores eran como le gusta a la izquierda; charlatanes y con gustos animalistas, por decirlo suave.

Arturo Alessandri, el León de Tarapacá, no estaba para entregar el poder presidencial al que aspiraban una tropa de políticos. La oligarquía parlamentaria, cuestionada y rechazada por amplios sectores de la sociedad, igual que ahora, le había hecho la vida imposible, tanto así que en 1923 un golpe de estado lo sacó del poder, sin embargo, ese mismo otro año, otro golpe de estado lo repuso en el mismo.

El conflicto social que reclamaba una nueva Constitución estaba otra vez liderado por los impresentables de siempre: el partido comunista, quienes por medio de cabildos -igual que ahora- aspiraban a arrasar con el orden social e imponer su modelo corporativista totalitario para el país -igual que ahora-.

Evidentemente no tuvieron éxito, como tampoco lo tendrán ahora.

Alessandri los dejó a todos felices firmando hasta el decreto para la formación de la Asamblea Constituyente, conformando dos comisiones que la prepararían integradas por prohombres de la política como Barros Jarpa, Guillermo Edwards, Domingo Amunategui y así varios próceres.

El resultado: Las comisiones no sesionaron nunca y la Asamblea murió en el olvido.

En su defecto y apoyado por el ejército, lo que el gran historiador Gonzalo Vial ha certeramente denominado como el tercer golpe de estado, se realizó en Chile un plebiscito, donde solo participó el 49% de los ciudadanos con derecho a voto, por supuesto ninguna mujer porque en esa época no tenían ese derecho, ni tampoco ningún ciudadano menor de 25 años, y en donde por amplia mayoría ganó la denominada nueva Constitución de 1925.

¿De esa legitimidad me hablan? ¿Esa es la legitimidad contra la que comparan la Constitución de 2005 firmada por el presidente democrático y lamentablemente socialista, Ricardo Lagos?

Como al parecer la ignorancia es la condición permanente de los burros socialistas, esta parte de la historia la pasan por alto. No la cuentan. Porque no les conviene. Lo de ellos es el invento, la ciencia ficción, la victimización, y con todo ello, la pensión socialista, el carguito en la municipalidad o en el ministerio, o la presidencia sindical donde descansan eternamente gozando de aquellos privilegios del sistema.

Así lo ha hecho el doctor Estaban Maturana, por más de 30 años dirigente de la FENATS, que ganando 6 millones de pesos mensuales pagado por ciudadanos que no atiende, trabaja tan solo 1 hora diaria. Así como escucha, 1 hora diaria porque lleva 30 años haciendo uso del fuero sindical.

Y la fila de asociados a la FENATS se dejan utilizar por este impresentable de bata blanca. Después reclaman porque el sistema los agobia.

Pero volviendo a la Constitución de 1925, sin duda que, así como aseguran los especialistas, una Constitución creada con bases no legitimas puede ir transformándose en el tiempo a una Constitución democrática.

Por ejemplo, la Constitución de Alessandri, alcanza legitimidad en tanto traduce garantías constitucionales en instituciones sociales de inclusión que permiten a un número creciente de la población incorporarse en la experiencia de modernización del estado. A ese periodo se le conoce como el nacimiento de las clases medias.

Si bien todo proceso de inclusión encuentra obstáculos porque implica una ampliación de la participación y la transferencia de cuotas de poder hacia nuevos actores, desde la década de 1950 en adelante, múltiples reformas constitucionales y la expansión de instituciones de inclusión, muestran una sostenida legitimidad de la Constitución de 1925 que solo se quiebra con la destrucción constitucional de 1973, promovida y auspiciada por la izquierda de siempre.

El último dato antes de que el zurderío comience a caminar por el techo y a arañar las paredes: la reforma del año 1971 -presentada por el presidente Salvador Allende y votada a favor por el grupo de parlamentarios zurdos de la época- creó el Tribunal Constitucional en Chile, organismo encargado como tribunal especial, de dirimir las discrepancias sobre la correcta observación e interpretación de la Carta Fundamental. Okey, paren de sufrir.

Resolviendo problemas creando más problemas...

Reemplazar las constituciones de manera frecuente, garantiza la inestabilidad político institucional de los países que se dan aquellos lujos, impidiéndoles que, por el paso del tiempo y su ejecución objetiva, esta gane la reputación que luego se traduce en adhesión ciudadana.

En la contraparte, están los casos en donde los políticos deciden jugar a la ruleta rusa con sus países produciendo cambios constitucionales de manera radical, porque el discurso siempre es el mismo para sus promotores.

Por ejemplo, el discurso del partido comunista en 1925, mientras cabildeaba en las comisiones constituyentes del pueblo, era el de establecer por esta vía, lo que llamaban la Cámara Funcional, un artilugio destinado a abolir las cámaras políticas, es decir, el mismo Congreso, para ser reemplazarlo por un único organismo compuesto por sindicalistas, estudiantes, profesores y proletarios.

Un polit bureau. Un engendro conocido como Comité Central, lleno de innombrables zánganos, embriagados con el poder y enfocados en cagarle la vida a la sociedad.

Todas las Constituciones socialistas, también llamadas progresistas, prometen cada vez más Derechos sociales sin tener que justificar si se pueden o no realizar, si se pueden o no financiar, y en este último caso, quién y cómo lo hace.

Las Constituciones latinoamericanas, por ejemplo, tienen un promedio de 249 artículos, mientras que, en América Británica, donde menos se reemplazan las constituciones, el promedio es de 34. Por supuesto que se necesita mucho más papel para anotar la lista de Derechos que ellos garantizan.

Es una burla a la buena fe de las personas. Muchas de ellas creen y aspiran a conseguir derechos sociales que les permita solucionar los problemas del diario vivir. Pero esto no deja de ser una mentira. Una lista al viejito pascuero. Ahí están, escritos, no me vengan a salir ahora con que quieren que esto funcione, es la parte que no le dicen nunca a nadie.

Reemplazar las Constituciones cada vez que hay descontento no tiene sentido, sobre todo si se trata de constituciones que han estado vigentes en democracia por un buen tiempo, han sido enmendadas y reformadas en democracia, y que por tanto, han adquirido legitimidad, como han sido los casos peruano y chileno.

La investigadora del Centro de Estudios Públicos Sylvia Eyzaguirre, abona en este sentido afirmando que: “La calle es desigual no solo porque en el corto plazo es capturada por los intereses de los grupos más articulados, sino, sobre todo, porque invisibiliza a los millones de personas que no se manifiestan, pero que tienen igual derecho a incidir”. 

La mesa de Unidad Social, es sencillamente un grupo de presión, conformado por cúpulas
de dirigentes de izquierda antisistema o comunistas, que buscan alterar la soberanía popular
mediante la promoción de la violencia callejera. Siempre terminan instrumentalizando
legítimas demandas de la ciudadanía. Ahí están sus rostros, para que nadie se olvide de ellos.

Ya lo había dicho el brillante ministro de salud Jaime Mañalich, pero en lenguaje mucho más cavernícola que la investigadora Eyzaguirre: “no pueden realizarse cambios ni reformas porque algunos grupos lo piden”.

Mañalich, acostumbrado a inyectar directo a la vena, dijo algo que es casi un axioma de la ciencia política, pero que para los reyes del chamullo y las falsa promesas, constituyó casi motivo para acusarlo constitucionalmente.

Los grupos de presión, siempre tensionaran las discusiones, maximizando su posibilidad de ganancia. Hay tantos grupos de presión como intereses se quieran representar. Los sindicatos, las asociaciones gremiales, de consumidores, los dueños de radios, los feriantes, los colectiveros, los ingenieros, y la fila más larga que Ud. pueda imaginar, constituyen circunstancial o permanentemente, estos grupos de presión.

La ciencia política lo advierte y por ellos, muchos estados como el nuestro, promulgan leyes para regular y transparentar lo anterior: ahí está la ley del lobby por ejemplo. El Estado se defiende, en este caso, de presiones indebidas y de corrupciones de variadas especies mediante una legislación especial.

¿Y que son los manifestantes que tocan las cacerolas, marchan por las avenidas, incendian bodegas y saquean farmacias? Grupos de presión, que se expresan de formas distintas para conseguir sus fines políticos, sociales y económicos.

En Estados Unidos los primeros de ellos, los manifestantes pacíficos, serían tratados como ciudadanos promoviendo sus derechos civiles. Los segundos, los termocéfalos, los delincuentes, destructores de la paz social y que no creen en la Democracia, serían tratados como Terroristas. Así de simple.

Porque nuevamente los gringos la tienen más clara: Terrorista es todo aquel que mediante el uso de la violencia persigue fines políticos.

Ahora sí que la diputada Karol Cariola no podrá ir nunca más de vacaciones y a sacarse fotos a Nueva York. Quizás alguien desde acá, haga una denuncia en EE.UU. por su participación directa e indirecta en las tropelías de las últimas semanas.