Qué significa una nueva Constitución... / 18-XI-2019
De acuerdo a los resultados de
la última encuesta pulso ciudadano, un 81% de sus entrevistados afirmó que
votará por redactar una nueva Constitución en el plebiscito de 2020. Por
el contrario, ante la pregunta ¿quiere usted una nueva Constitución?, un
8,2% dijo que no, un 6,3% adelantó que no votará y un 4,4% no supo que
responder ante la consulta de la medición.
Lo anterior, a sólo unos días
de producido el acuerdo político por la Paz, la Justicia y una Nueva
Constitución promovido por el presidente Piñera, es solo el comienzo de lo que
sucederá en los próximos seis meses, hasta abril de 2020.
Chile será un mercado de
ofertas. Aparecerán como ya lo están haciendo, cientos de vendedores de ideas,
propuestas e interpretaciones que lo único que harán, serán terminar por
enredar más a la gente, pero al mismo tiempo, polarizar la ya frágil
convivencia nacional.
Siempre han existido grupos
con los que la República no ha podido contar.
Son grupos con alma de
opositores permanentes, a cualquier cosa, en cualquier lugar. Son como la
familia Contreras de la política y están esparcidos por todo su espectro.
Que el partido comunista no
haya participado en el Acuerdo por la Paz, no es nuevo, no resulta extraño, y
sólo habla de lo que han hecho siempre por la convivencia nacional y la
construcción de un sistema democrático y participativo: Nada.
Recuerden que hacia fines de
los años ochenta estuvieron en contra de la inscripción en el registro
electoral. Recuerde que estuvieron en contra de la participación en el
plebiscito del año 1988. Recuerde que también estuvieron en contra de la
campaña por el NO, aunque como siempre, terminan sumándose cuando ya no les
queda otra o el trabajo está hecho, y la gente olvidando que siempre llegan a
la fiesta con la servilleta puesta en el pecho.
Pero también estuvieron por la
vía armada para derrocar al gobierno militar. Mientras todos los partidos
políticos, de raíz democrática, estaban por el camino de los acuerdos y luego
por el camino constitucional para derrocar a la Dictadura, ellos decidieron el
camino de las armas, la violencia, los atentados, la muerte de civiles y
militares, y con ello, lo único que lograron fue que el dictador se aferrará al
poder, tomará medidas mucho más duras y restrictivas contra las personas y sus
libertades.
Por otro lado, el partido
republicano en formación, presidido por el derechista conservador José Antonio
Kast, ya se declaró como firme partidario del rechazo a la nueva Constitución.
Desde su forma de ver las
cosas, el país no necesita mayores cambios, sino tan solo correcciones. El país
no necesita modificaciones al sistema sino tan solo algunas reformas que le
permitan mejorar lo que hace mal. Finalmente señalan como argumento principal,
que cambiar la Constitución sería solo validar la violencia y las
manifestaciones callejeras como propulsoras del cambio en el país.
Lo cierto es que en su museo
lleno de estatuas de mármol, todo parece una fotografía y ojalá nadie las cámbiese
nunca de lugar. Prefieren el statu quo, la situación perfecta para que todo
siga siempre igual.
Miedo. Esa es la palabra
exacta para definir el lugar desde donde analizan la realidad.
Miedo a perder privilegios de
los cuales probablemente sus militantes nunca han formado parte. Miedo a
enfrentarse con una sociedad que tiene voz y que tiene rostro, que es mucho más
amplia y diferente de lo que quizás quisieran.
Una sociedad que es dinámica y
que es capaz de adoptar para sí, cambios muchos más rápidos de los que ellos
quisieran.
Por ejemplo, Chile se demoró
prácticamente 200 años en igualar la calidad de hijos legítimos y naturales,
pero tan solo 10 años para aprobar el Acuerdo de Vida en Común.
Lo cierto es que los extremos
siempre aparecen porque se necesitan, pero entonces habrá que hacerse la
pregunta: ¿tienen realmente gravitancia para el país?, ¿dejaremos que minorías,
legitimas, pero abiertamente contrarias a lo que hoy reclama el país terminen
por hacer nuestra vida algo invivible?
El cambio, estimados
auditores, no es el problema, sino que el verdadero problema, es no hacerlo.
Es mantener tapada la olla a
presión aumentándole la llama. La llama en este caso serían las conductas y el
éxito de quienes están en los extremos impulsando el rechazo a la nueva
Constitución o condicionándola de tal manera que no la hagan viable. Lo único
que conseguirán es hacer explotar a la gente, que ya demostró nuevamente, como
en 1928 en la llamada revolución de la chaucha o en 1973 en contra del gobierno
de la Unidad Popular, que todo tiene un límite.
Pero sigamos hablando del
resultado de esta encuesta.
Según ésta, el 63% aseguró que
optará por una Convención Constitucional (solo ciudadanos, ningún
político) para confeccionar el texto y un 24,4% indicó que votará por una
Convención Mixta Constitucional (50% ciudadanos y 50% parlamentarios en
ejercicio), mientras que un 78% de los que respondieron afirmaron que votarán
para la ratificación del proyecto constitucional, y tan sólo, un 7% contestó
que no acudirá a las urnas.
Es evidente que la gran
mayoría del país participará en este momento crucial, tanto en abril de 2020,
como en alguna fecha del 2021 o 2022, donde se deba ratificar la propuesta
constitucional.
Sin embargo, nuevamente
aparece el rechazo contra los políticos, pues no quieren que estos participen
en el proceso constituyente. Todos sabemos que ellos son el problema, y que hoy,
están más interesados que nunca en influir en este proceso que puede
resultarles muy doloroso para la mantención de sus prebendas, y para aspirar a una
jubilación, como la de la esposa del ex presidente del partido socialista
Osvaldo Andrade.
Nadie les cree, y ellos
insisten en seguir dándonos razones para eso.
Por años el discurso de los
diputados adolescentes, Giorgio Jackson, Gabirel Boric, Vlado Mirosevec, entre
otros, ha sido la rebaja en la dieta parlamentaria, y con este discurso, se han
paseado por el mundo hablando del tema con el sombrero de Robin Hood en sus
cabezas.
Ellos son los buenos y todos
los demás son los malos.
Pero lo que nunca dijeron, lo
que nunca aclararon es que la moción de ley que ellos presentaron, rebajaba la
dietas solo de las partidas de remuneración, pero mantenían los mismos montos
en otras cuentas, como las de asignaciones parlamentarias.
Es decir, si la dieta total de
un parlamentario en Chile asciende a 21 millones de pesos mensuales
considerando todos los ítems de gastos, la rebaja de la dieta solo va dirigida
a lo que dice la liquidación de sueldo, pero los 21 millones mensuales siguen
intactos en las cuentas de gastos de los parlamentarios.
Por eso es que nadie les cree
y además porque saben que el resultado siempre será contrario a tocar realmente
este privilegio, y es tan así, que por mayoría simple la semana pasada
rechazaron la rebaja de los viáticos en la ley de presupuesto.
En cuanto al regreso del
voto obligatorio para el plebiscito ratificador, un 68% aseveró estar de
acuerdo ante la medida acordada por los partidos políticos, pero un 17% se
manifestó en desacuerdo con la obligatoriedad.
Desde mi perspectiva, la
obligatoriedad de la votación no sólo es un principio anticuado, sino que
revela nuevamente el afán del Estado de ir contra la libertad de los
ciudadanos, porque no participar, no votar, también es una manera de manifestar
la voluntad de las personas.
¿Por qué razón obligarnos a
participar de un sistema político, electoral o ideológico en el que no creemos
o llanamente rechazamos?
La respuesta es sencilla.
Porque eso les conviene a los partidos políticos. Los válida, los legitima y
les entrega un mercado de votos de cierta forma garantizado. El sistema
funciona y el Estado es eficiente solo porque por medio de la coerción de sus
ciudadanos estos participan de las elecciones. Aquello es una falacia que suma,
por ejemplo, a las mismas mafias y operadores que requieren aquello para su
sobrevivencia.
Por eso en lo personal, soy un
firme partidario del voto voluntario, electrónico, para mayores de 18 años y,
además, con un sistema que permita la revocación del mandato para todas las
autoridades de elección popular, salvo para quien sirva el cargo de presidenta
o presidente de la República.
En su defecto, la posibilidad
de esta autoridad, en cesar al parlamento y llamar a nuevas elecciones al menos
una vez en su mandato. Una receta a la peruana.
Pero lo más grave a mi modo de
ver, son las razones para cambiar la Constitución que manifiestan los
encuestados, y que dan cuenta del gran trabajo que se debe realizar para
informar y educar a la población sobre el real significado que tienen una nueva
Carta Política.
La mayoría cree que con una nueva
Constitución se reducirá la desigualdad entre los ciudadanos, lo que constituye
no solo un error supino, sino que trae consigo una falacia elevada a dogma.
La desigualdad, las
diferencias entre las personas es una condición natural, es parte de las diferencias,
de la individualidad. Nadie es igual a otros y menos, porque lo diga una ley, o
en este caso la Constitución. Esa solo es la vieja consigna socialista,
fracasada y que no tiene sustento en ninguna experiencia en el mundo.
Ningún país construido bajo la
consigna de mayor igualdad ha entregado progreso a sus pueblos. No solo han
sido un tremendo fracaso, sino que, en este intento grosero de manipular a la
sociedad, han terminado atropellando sus derechos y libertades.
Lo que las sociedades deben
buscar, intensa y permanentemente, son nuevos y mayores espacios para que las
oportunidades sean accequibles y no se constituyan en arbitrarias, o reservadas
solo para algunos.
Las oportunidades de tener una
educación de calidad, o de servicios brindados por el estado, oportunos,
eficientes y del mejor nivel, no es lo mismo que exigir por ejemplo, que se
eliminen las clínicas privadas porque ahí atienden mejor que en el hospital
público. Ese discurso idiotizado solo asegura nivelar hacia abajo, repartir
pobreza y frustraciones.
Si el modelo de buen servicio,
eficiencia, calidad y atención se encuentra en una clínica privada, entonces
ese debería ser el estándar para que le exijamos al estado cuando nos presta
las atenciones de salud. Eso es nivelar para arriba.
Nadie va a garantizar ni menos
obtener mayor igualdad redactando o aprobando una nueva Constitución política.
No insista. Le mintieron así que exíjale explicaciones al zurdo que lo hizo.
Luego, la gente cree que una
nueva Constitución les garantizará mejorar la salud, la educación y las
pensiones, además de mayor justicia social.
A esta altura de la encuesta,
no se si llorar o ponerme a reír.
Los que creen todo eso, ¿no
habrán pensado por algún minuto que, si una nueva Constitución política fuera
la solución a nadie se le hubiera ocurrido redactarla antes?
Incluso si su respuesta es
repetir la mentira zurda de que la derecha y Pinochet lo impidieron, lo que es
de una falsedad absoluta, pues desde el año 1990 la concertación no sólo ha
tenido 34 años de gobierno, sino que siempre la mayoría parlamentaria para
realizar los cambios, haga el ejercicio pensando en otro país.
Hay que trabajar rápido y a
fondo para que nuestra sociedad sea más culta, pero por, sobre todo, para que
en este momento en que reclamamos y exigimos los cambios, no terminemos siendo
nosotros mismos los que caminemos como corderos al matadero.
Hay algunos, a los cuales les
debe interesar mantener a la mayor parte de la sociedad en la ignorancia y con
una educación deficiente. Hay otros, que a eso le suman la manipulación
ideológica que siempre les sirve a sus fines.
El punto en común, es que
siempre es una élite o cree serlo, de quienes han pasado por la universidad o
se han hecho un espacio a codazos desde un partido político. También hay algunos
que en base al simple poder económico o religioso lo han conseguido.
Por eso es que, no nos
cansamos en insistir que la primera responsabilidad siempre es nuestra.
Lea, no engorda.
Pregunte a personas que sepan
más que Ud., y que se levanten temprano a trabajar, esto último, para que no
sea un zurdo el que le responda alguna imbecilidad.
Contraste las opiniones y las
respuestas. Crea en lo que le dice su corazón y su experiencia. Crea en lo que
quiere usted para su futuro, siempre que esto le convenza de que es posible.
Finalmente, haga uso no solo
de su voluntad, sino que de su propia decisión. Que no venga otro,
representando a una junta de vecinos, a una ONG, a una parroquia, a un grupo de
ayuda, a una fundación, a un organismo internacional o a quien sea, a decirle
lo que es bueno para usted.
Está lleno de personas que le
dirán qué hacer, cómo hacerlo, cuando hacerlo, si total ellos a fin de mes
reciben un sueldo, se retiran a las 17:00 hrs. del trabajo, o se van el fin de
semana a sus hogares, con agua, luz, gas, tv por cable y privilegios que odian
para los demás pero que gozan para ellos mismos.
Mientras el Estado no
garantice la seguridad en las poblaciones, ¿de qué justicia social me vienen a
hablar?
Mientras los que viven con
prebendas y privilegios no renuncien a ellos, ¿de qué justicia social me hablan?
¿Qué es la justicia social,
sino que un pensamiento arbitrario contra la misma sociedad?
Es solo un eslogan hueco y
abiertamente injusto que consiste en hacer creer a la gente que quitarles a
otros el fruto de su trabajo para repartirlo a quienes son más desposeídos, es
un acto de justicia.
Es otro intento exitoso de
quienes son excelentes repartidores de pobreza en vez de eficientes creadores
de riqueza. Sus partidarios son excelentes para entregar lo de los demás, pero reticentes
para entregar lo propio.
La justicia social que
proponen, se basa en la redistribución, la creación de impuestos diferenciados,
en la igualdad de salarios, en todo lo que les permita destruir de manera
sistemática, los derechos, el patrimonio y las libertades individuales.
La gente con legitimo derecho
y aspiraciones, muchas veces escucha lo que quiere oír, pero cuando hay
frustraciones, desencantos o se han generado expectativas mayores a las
normales, lo que se escucha se hace con menor grado de comprensión y de filtro.
Por eso es que una buena
receta es de antemano dudar en cada palabra que sale de la boca de un político,
de un periodista progre, de un medio de comunicación que entreviste al
impresentable de Francisco Vidal, del diputado Hugo Gutiérrez o de cualquiera
de los 5 parlamentarios por Arica.
Y ya que mencionamos a los 5
nefastos parlamentarios por Arica, no podemos dejar pasar otro ejemplo que los
retrata de cuerpo entero.
Estos 5 parlamentarios, que
como ya dijimos días atrás, hasta regalados son caros, aprobaron la semana
pasada la propuesta populista de derecha de aumentar la pensión básica en un
50% en relación a la actual, lo que significaría un mayor gasto permanente para
el fisco de Chile, de al menos U$1000 millones de dólares anuales. Los
senadores Insulza y Durana, quienes revisarán el presupuesto 2020 con esta
indicación, ya han aprobado la misma, sumándose a esta nueva embestida contra
la fe pública.
Ellos saben que dicho aumento
no pasará, que es ilegal, que es inconstitucional. Saben, pero igual lo aprueban
y lo promueven, y más encima dicen las perlas, que solo es un gesto hacia el
movimiento social, como si no supieran que de vuelta el gesto de los vándalos y
extremistas que se amparan en el movimiento social, serán incendios, saqueos y
noches de terror en ciudades que ya están hasta más arriba del paracaídas.
Todo funcionario o autoridad
que dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a
sabiendas de que es injusta o contraria a la ley comete el delito de
prevaricación.
Esto es comparable a l
incumplimiento de deberes por parte del servidor público. Es un abuso de
autoridad y se encuentra sancionado por el código penal.
Su ceguera e irresponsabilidad
no sólo les impide darse cuenta que por unos poco minutos de popularidad
arriesgan al país y su convivencia, sino que, además, juegan con la buena fe y
las necesidades que tienen miles de pensionados en Chile.
Mienten y no trepidan en
hacerlo. Incluso violando la propia ley y la Constitución. Para la oposición es
una conducta que les conviene para seguir desacreditando al gobierno,
exponiendo al presidente a tener que salir diciendo que vetará esta propuesta
parlamentaria. Para el oficialismo, Chile Vamos, es tirarle la cadena al
gobierno que eligieron, al presidente que apoyaron.
La palabra del político no
vale nada.
Por eso es que el 78% de los
ciudadanos los rechaza, al contrario de lo que pasa con nuestros Bomberos,
apoyados por el 95% de la población, la diferencia es que ellos son
voluntarios. Trabajan sin sueldo.
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