ANEF: La Costumbre de Servirse al prójimo / 10-XII-2019

Según datos del INE, en Chile hay 1 millón 100 mil empleados públicos, lo que quiere decir que uno de cada seis trabajadores asalariados del país, trabaja para el Fisco.

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales llamó hace unos días a paro nacional, en la misma oportunidad en que además rechazó la aprobación de la "Ley Anti Saqueos".

Usted debe saber señor auditor, que la denominada ley antisaqueos, es un conjunto de normas que busca tipificar y sancionar delitos de violencia contra las personas y contra la propiedad, como las barricadas que impiden el libre desplazamiento de vehículos y personas, la ocupación ilegal de propiedades públicas o privadas, esto es para que nadie se tome su casa, su edificio, una empresa o la Universidad; y los saqueos, estos últimos, puestos de moda con gran apoyo de los medios de comunicación y ciertos políticos que aman lo ajeno, que están por repartir lo de los demás pero que nunca están dispuestos a que les toque a ellos. 

Pero la directiva de la ANEF, porque no creo que en esto representen a los miles de funcionarios públicos de Chile, rechaza lo que llama la penalización de la protesta

social.

Este grupo de dirigentes sindicales descerebrados, presididos por un socialista, tal como siempre son las malas organizaciones, no está de acuerdo con sancionar penalmente a los saqueadores, a los que prenden neumáticos y fogatas en las calles y rotondas, a los que destruyen el mobiliario público, a los que destruyen el patrimonio arquitectónico o se toman una Universidad para robarse computadores, libros de Gabriela Mistral o cuadros de Nemesio Antúnez.

Alguien anda perdido en todo esto y no somos nosotros.

Las directivas de los empleados fiscales de Arica, no pueden ni deben permitir este tipo de prácticas de las directivas nacionales.

Nadie puede estar de acuerdo en darle espacio a quienes utilizan las demandas sectoriales con fines partidistas. Contra quienes están abiertamente por no respetar el estado de derecho.

Los dirigentes regionales no pueden quedarse callados en todo esto. Por dignidad y por un principio de representación mínimo de sus bases deben pronunciarse en contra. Nadie puede estar de acuerdo en apoyar a una directiva sindical que esté por amparar la violencia, la agresión, el robo y el pillaje como forma de manifestación social.

Yuri Contreras, vicepresidente de negociaciones y relaciones gubernamentales de la ANEF, señaló que era muy "lamentable que la oposición siga llegando a acuerdos con el Gobierno, mientras en Chile la policía reprime mutilando a los ciudadanos demandando justicia social. Es lamentable que aquellos que dicen representar al pueblo, representar a los ciudadanos que los eligieron, hoy día tengan que salir a pedir disculpas".

Habló el verdadero comisario del partido. 

La típica foto de la "negociación" entre gobierno y sindicatos públicos: es una farsa.
Una Oda a la hipocresía digitada por dirigentes militantes de izquierda.
Solo buscan torpedear al gobierno de Chile.

El cuadro ideológico de la organización. Bien Contreras es este señor Contreras, que representa a los funcionarios públicos de Chile, y que ni siquiera acepta la determinación libre y democrática que puede tomar un diputado de la República en el ejercicio de sus funciones.

Además, lo dejan a cargo de las negociaciones y relaciones con el gobierno.

¿Es broma?

Díganme ustedes qué de bueno podríamos esperar de este diplomático del gremio de funcionarios públicos si plantea que no se debe negociar con el gobierno.

Quieren que les vaya contando como terminará la columna del día de hoy: en los integrantes de la organización llamada Mesa de Unidad, la misma que por propia confesión ha estado detrás organizando, financiando, promoviendo, amparando este clima de agitación contra el sistema.

Ahí los tienen.

La ANEF, una organización con larga historia en Chile por su larga lucha sindical, hoy día siendo utilizada por los partidos del 1% de aprobación que usan esta plataforma para luchar contra el gobierno legítimo y democrático que ganó las últimas elecciones.

Por su parte, otro innombrable, el presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar, calificó de "indecente" la propuesta del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que consta de un reajuste nominal de 2,7% para aquellos trabajadores que ganen menos de 1,7 millones de pesos brutos, mientras que quienes ganan un monto superior, no tendrían reajuste.

"Que el Gobierno pretenda que un porcentaje de trabajadores reciba únicamente la recuperación del IPC en relación a diciembre de 2018, y que otro porcentaje de trabajadores ni siquiera reciba eso es francamente una propuesta indecente", sostuvo este señor que hace décadas no trabaja como profesor, que no pisa un aula salvo que sea para organizar protestas y desordenes.

Y el perla también es miembro de la Mesa de Unidad Social.

Que les parece.

Cuando el país se aproxima a crecer un escuálido 1,5% en todo el año 2019, este espécimen de Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, plantea que el 2,7%, casi el doble del crecimiento real de la economía, es insuficiente, es indecente.

En promedio en Chile, siete personas deben trabajar para mantener a 1 empleado público con los impuestos que pagan.

¡Basta de Abusos! Gritan los vociferantes militantes que tienen secuestrada a la ANEF.
Deberíamos todos hacer una marcha en su contra exigiéndole lo mismo: ¡Basta de abusos de los
partidos políticos y los dirigentes sindicales!

Esa cifra sí que es indecente.

Indecente es tener un profesor que ha vivido los últimos 20 años de las cuotas sindicales que pagan miles de docentes y no del trabajo en aula con alumnos o dirigiendo un establecimiento. Eso le debería dar vergüenza y no una propuesta realista y acorde a la realidad que viven millones de compatriotas, señor presidente del Colegio de Profesores de Chile.

La ANEF ahora acusa al Gobierno, de traspasar la crisis al sector público debido a los 1000 despidos de funcionarios que según ellos se han producido en todo el país. O sea, en el colmo de la hipocresía y la desfachatez, son capaces de acusar al gobierno de compartir la crisis económica que ellos mismos han provocado, que ellos mismos han generado.

¡Pero esta izquierda se volvió loca!

No sólo quieren culpar a otros de la grave crisis económica a la que han empujado al país, sino que tampoco quieren compartir con la ciudadanía sus efectos.

Están con crisis de pánico porque según ellos van 1000 despidos de funcionarios en todo el país. Yo le quiero decir a estos impresentables dirigentes de los funcionarios públicos, que solo en el supermercado Líder de Arica, hay 400 trabajadores cesantes. Que, si sumáramos a las empresas que han debido despedir u optado por no contratar personal, solo en Arica, superaríamos esta cifra que además no consta en ninguna fuente confiable.

¿Es que los trabajadores del sector privado no cuentan?

Qué van a decir sobre estas declaraciones los dirigentes ariqueños que conforman la mesa de empleados públicos.

¿Es este el tipo de dirigentes centrales que los representan?

Hablan de una agenda de criminalización de la protesta social. De despidos masivos y de la pretensión de descargar sobre el Estado y sus funcionarios, los costos de la crisis social.

Estoy seguro que si a uno de estos primates que integran la ANEF y esas organizaciones de dudoso origen y dirección, les hiciéramos un corte en la cara con un bisturí, no les caería una gota de sangre.

Son unos mármoles marcando tarjeta.

Nunca pensé que podrían llegar a tamaña salvajada argumentativa solo para desarrollar el plan de desestabilización del gobierno democrático.

El 1 de octubre pasado y bajo el amparo de la CUT, otra organización irregular, secuestrada desde hace mucho tiempo por el partido comunista y esa congregación de parásitos colectivistas, presidida por la comunista Barbara Figueroa, la misma a la que el Tribunal Electoral la obliga a repetir las ultimas elecciones de la Central porque cometió fraude, cosa que aún no ha hecho, la denominada mesa de empleados públicos que representa a una serie de organizaciones sindicales politizadas y según ellos, al 110% de los funcionarios públicos del país -porque a estos ni las matemáticas les cuadran- demandó al gobierno un alza del 7% de las remuneraciones de todos los funcionarios, y que debería regir entre diciembre de este año y noviembre del próximo.

Un 7% señores auditores, es prácticamente 5 veces más de lo que la economía del país crecerá y en donde ellos, los funcionarios públicos, bien pagados y protegidos, solo han aportado paros y huelgas ilegales, como las de hoy día.

La propuesta del gobierno es:

-       Para remuneraciones brutas de hasta $750.000 = 2,5%

-       Para remuneraciones brutas de entre $751.000 y $1.500.000 = 1,8%

-       Para remuneraciones brutas superiores a $1.500.000 = un 0%

O sea, yo no les daría nada. Al contrario, en un sobre azul les comunicaría al 60% de los actuales funcionarios públicos que están despedidos. Que a partir de la fecha deberán trabajar como lo hacen millones de compatriotas y no calentar el asiento como acostumbra la mayoría de ellos.

Pero no se conforman con un 7% de aumento en sus remuneraciones. Escuche bien cuales son las otras peticiones que le realizan al gobierno:

1.    Remuneraciones mínimas garantizadas por estamento

2.    Valores de Beneficios tales como:

-       Aguinaldo de Navidad: $60.238

-       Aguinaldo de Fiestas Patrias: $77.560

-       Bono Escolaridad General: $75.429

-       Bono Adicional Escolaridad: $31.864

-       Bono de Vacaciones: $127.330

-       Bono Termino de Negociación: $350.000

3.    Prohibir la contratación de funcionarios a honorarios y traspasar los actuales a contrata

4.    Carrera funcionaria garantizada

5.    Implementar escala de remuneraciones justas y equitativas

6.    Incrementar el aporte del estado a los servicios de Bienestar en un 20% del presupuesto actual

7.    Incentivo al retiro para los funcionarios desde el 2024 en adelante

8.    Ampliación de cupos de retiro para funcionarios por razones humanitarias

9.    Libertad sindical desregulando prohibiciones legales y constitucionales Acceso a la educación y capacitación de los funcionarios públicos

10. Programa de pasantías nacionales e internacionales

11. Programa de becas para hijos de funcionarios públicos

12. Becas universitarias para funcionarios públicos de pregrado

13. Beca presidente de la Republica para que funcionarios accedan a Grado académico

El número de funcionarios públicos ha venido creciendo a un ritmo superior al crecimiento de la economía.

En 2018 creció a más del 11% mientras que en los ultimo 5 años este número superó el 26% de aumento en la cantidad de funcionarios públicos. Todo estaría correcto si es que ese aumento hubiese significado una mejoría sustancial en la atención y la prestación de servicios debida de parte del Estado. Pero eso no ha sido así: los tramites no se hicieron más cortos, las filas no disminuyeron en los hospitales, la calidad de la educación no ha mejorado en ningún aspecto.

Desde el año 2013, el aumento en el gasto para la mantención de los funcionarios públicos ha sido el más alto de todas las partidas fiscales.

Ha aumento hasta el 4,9% del PIB, lo que por lejos lo convierte en el gasto más oneroso. Entre los años 2013 y 2018 el gasto en funcionarios públicos aumentó en 1,9% del PIB, es decir, los funcionarios públicos que viven al amparo del Estado crecen vegetativamente, así como sus reclamos por mejorar aún más sus condiciones.

Pero escuche usted, este aumento del gasto es igual a toda la recaudación de la reforma tributaria implementada por el gobierno de Michelle Bachelet.

Dicho de otro modo, porque ella nunca lo dijo, la reforma tributaria y, en consecuencia, todo el descalabro que causó hasta hoy en la economía solo sirvió o sólo fue hecha para financiar la contratación de nuevos funcionarios públicos. Para darle trabajo a los compañeros que se quedaron cesantes por voto popular: gobernadores, alcaldes, seremis, asesores parlamentarios, ex diputados, ex senadores, ex ministros y así un largo etcétera de apitutados.

Ellos no son los funcionarios públicos mejor pagados de Chile, deben serlo de la
mayoría de los países del mundo. Resulta incomprensible el nivel de remuneraciones que
alcanza prácticamente el 10% de los funcionarios públicos en el país.
El Estado sí que resulta ser un gran generador de desigualdad.

Pero la ANEF no dice nada de esto.

No exige al gobierno sacar de un ala a todos los apitutados políticos de derecha e izquierda enquistados en el Estado.

Usted debe saber que el 58% de los funcionarios públicos en Chile recibe un ingreso mensual de más de 1 millón de pesos, así como lo oye.

Mientras el 39% los trabajadores de empresas privadas ganan hasta 500 mil pesos mensuales, sólo el 2,8% de los funcionarios públicos gana esa cifra.

Por su parte el 39% de los empleados que trabajan para el fisco recibe entre 500 mil y 1 millón de pesos mensuales mientras que el 41% de los empleados de empresas privadas reciben igual remuneración.

Pero la fiesta no termina para los maltratados empleados públicos de Chile.

Fíjese que el 9% de estos funcionarios públicos ganan mensualmente más de 3 millones de pesos mientras que en la empresa privada, esta cifra sólo alcanza al 1,9% de los empleados.

Pero existen problemas reales que afectan a este sector de trabajadores.

No vamos a negarlo.

El problema no es la realidad, son los dirigentes con agenda política y no con agenda gremial. Por eso es que desde hace 30 años el Estado sigue siendo el peor empleador. Existe una real disparidad, disfuncionalidad y precariedad del régimen laboral del sector público. Ese es un hecho incontrovertible.

Bajo el marco de funcionario público conviven cuatro categorías de trabajadores, dependiendo del tipo de contrato que regule su relación laboral: planta, contrata, honorarios y Código del Trabajo, y ningún gobierno, ningún político ni ningún dirigente de la ANEF o la CUT ha hecho nada realmente serio para terminar con esta situación y poder tener una burocracia moderna, eficiente, productiva y en un ambiente de trabajo agradable y de calidad.

Los trabajadores de “planta” son los cargos permanentes asignados por una ley a cada institución, y se dividen en plantas directivas, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. Las plantas, por el hecho de estar circunscritas a una ley, son rígidas y si bien propenden a la estabilidad laboral, son poco atractivas para los funcionarios que van adquiriendo mayor experiencia y capacitación. Son el paraíso para el flojo bueno para nada, que saca la vuelta, toma café, va a las olimpiadas y recarga de trabajo a sus compañeros. Pero para el funcionario eficiente y con espíritu de servicio público es una mortificación diaria.

Luego, están los trabajadores con el régimen de “contrata”, que tienen un vínculo laboral frágil, ya que como define el Estatuto Administrativo, duran en sus labores hasta el 31 de diciembre de cada año, prorrogable mediante aviso con 30 días de anticipación.  Es práctica habitual que, para efectos de poder ponerle término anticipado a este tipo de contratos, se les incorpore la cláusula “mientras sean necesario sus servicios”, precarizándolos aún más. En caso de término de la relación contractual, independientemente de los años que hayan trabajado en una repartición pública, no tienen indemnización alguna, por lo que están en la más absoluta indefensión.  Estos contratos no pueden exceder el 20% del total de los cargos de la planta de personal de cada institución, pero en la práctica ello no ocurre, constituyendo cerca del 70% del total de los funcionarios públicos de nuestro país. Ahí es donde están la mayoría de los apitutados de los políticos. Los familiares de alguien, los tontitos de la familia, los parientes cachos y los amigos paleteados. Por eso es que el numero de funcionarios a contrata se incrementa de forma permanente. Ahí es donde los políticos le meten la mano al bolsillo al Estado.

Por otra parte, los trabajadores a “honorarios” pueden -de acuerdo a la ley- ser contratados para desarrollar labores accidentales y que no son habituales en una institución.  Aquí también tenemos serias irregularidades, ya que por lo general sí desarrollan labores habituales en la respectiva institución, en muchos casos eternizándose por años. Estos trabajadores se rigen por las reglas que establece el respectivo contrato, y por el hecho de ser labores independientes, carecen de previsión social con cargo al empleador. 

Al respecto, a través de una sentencia de unificación de jurisprudencia del 1 de abril de 2015, la Corte Suprema resolvió que cuando estos trabajadores desarrollan funciones permanentes, el vínculo laboral se encuentra sometido al Código del Trabajo. En definitiva, ha sido por vía jurisprudencial que el estatuto laboral de los trabajadores a contrata y honorarios se ha fortalecido, por cuanto con estos fallos se ha instaurado una suerte de estabilidad laboral que, aunque insuficiente, es sin duda un avance y viene a enmendar las anomalías que las autoridades políticas no han querido corregir.

En algunos ministerios y servicios públicos tenemos funcionarios regidos según el Código del Trabajo, con todos los beneficios sociales que se derivan de este tipo de contratos: indemnización por años de servicio, recargo y compensación por feriado legal e indemnización sustitutiva del aviso previo. Como se puede apreciar, la disparidad, disfuncionalidad y precariedad del régimen laboral del sector público es absoluta, sumado a la arbitraria práctica que se viene dando tras cada cambio de Gobierno, sobre todo si coincide con un cambio de coalición, ya que las autoridades entrantes proceden a desvincular a miles de funcionarios, con el negativo impacto que ello tiene tanto para los trabajadores como para el sector público propiamente tal.

Ya les tocó a ustedes ahora nos toca a nosotros. Esa es la absurda mentalidad con que se manejan muchas reparticiones en el país y seguramente todos conocemos al menos un caso.

Como escuchan, los problemas de los funcionarios públicos tienen que ver con su vinculo contractual y las diferencias que de estos se desprenden mas que con las condiciones laborales y los salarios o remuneraciones. Ahí siguen siendo unos privilegiados en Chile ganando en promedio hasta un 43% más que un empleador o trabajador del sector privado.

Por eso no se entiende tanta protesta. Por eso no se entiende dejar de atender a los ciudadanos que necesitan del Estado para sus trámites, para su salud, para sus medicamentos, para generar empleo para producir.

No se entiende que un millón de personas que trabajan para el fisco acepten ser dirigidos por esa tropa de militantes de izquierda que la palabra trabajo solo la leen 1 vez al año, para celebrar el feriado.